POR LETICIA ROA NIXON EL AGOSTO 05 DEL 2021

El 18 de febrero de 2021, el presidente Joe Biden envió oficialmente la propuesta de Ley de Ciudadanía 2021 al Congreso, como parte de su compromiso para modernizar el sistema de inmigración del país. Esta propuesta legislativa, dirigida por la representante Linda Sánchez (D-CA) y el senador Robert Menéndez (D-NJ), tiene como finalidad crear un camino de 8 años hacia la ciudadanía para mantener a las familias unidas, acoger la diversidad, y promover la integración de inmigrantes y refugiados.

De ser aprobada, tres categorías de personas recibirían inmediatamente la residencia: los trabajadores agrícolas, aquéllos con estatus de protección temporal (TPS) y los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “Soñadores” que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños.

Sin embargo, a seis meses de haberse planteado el proyecto de ley, todavía está en veremos si formará parte del presupuesto de 3,5 billones de dólares que Biden presentó a los demócratas del Senado, en julio de 2021. A pesar de que varios miembros de su partido aseguran que la inclusión de la Ley de Ciudadanía en el presupuesto es esencial para su apoyo a la legislación, el primer mandatario dijo durante una rueda de prensa “tiene que haber un camino a la ciudadanía. Lo que está por ver es si puede formar parte de la ley de gasto”. A esto se suma la declaración de la vicepresidenta Kamala Harris a los defensores de la reforma migratoria, donde aseguró  apoyar el camino a la ciudadanía, pero destacó que va a ser difícil de lograr.

Y la dificultad solo va en aumento. Puesto que, el 16 de julio, el juez Andrew Harnen de Texas dispuso suspender la tramitación de nuevas solicitudes de amparo de DACA. Si bien esto no afecta a las 616,030 personas que ya se encuentran amparadas bajo este estatus, si elimina la posibilidad de que nuevos “soñadores” no sean deportados y tengan permisos de trabajo.

El decreto provocó que las organizaciones y activistas que respaldan DACA intensificaran sus protestas a nivel nacional.

EN FILADELFIA

El 23 de julio una coalición de organizaciones de derechos de los inmigrantes realizó una manifestación pacífica enfrente de la estación de tren de las calles 30 y Market, pidiendo a los miembros del Congreso de Pensilvania hacer lo correcto, ¡luchar por las familias inmigrantes! 

Alrededor de 30 personas asistieron a la protesta, donde la demanda principal fue la inclusión de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el presupuesto. Miembros de las organizaciones New Sanctuary Movement, Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition (PICC), Make the Road PA, AFRICOM, Immigrant Rights Action y Woori Center estuvieron presentes, varios de ellos con niños pequeños. 

En una ciudad donde 390,000 residentes son inmigrantes o hijos de migrantes, de acuerdo a The Pew Charitable Trusts, Kenya Escalante, de 18 años, de la organización Immigrant Rights Action contó la historia de sus padres. Mismos que debido a la pandemia de COVID-19 se convirtieron en trabajadores esenciales de la noche a la mañana, sin tener los beneficios de un ciudadano. Su padre limpia un hogar de retiro y vende comida rápida por la noche y su madre trabaja limpiando un hotel y cosechando fruta. “Aunque mi mamá ha estado aquí 21 años, la ven como una persona ilegal”, dijo Escalante. “Yo soy ciudadana de los Estados Unidos, pero ¿qué me pasaría si deportan a mis padres? Este es mi país y el país de ellos también”, añadió.

El mismo sentimiento lo comparte Betania Shepard (Make The Road PA), una madre, y trabajadora doméstica, originaria de República Dominicana. Shepard llegó a EE.UU. hace 14 años y vive en Filadelfia desde 2015. “Hace 14 años emigre de mi país, República Dominicana, con la esperanza de construir una vida mejor para mí. Mis hijos se están criando aquí. En estos 14 años he llamado mi hogar a este país”, expresó Shepard. Sin embargo, su calidad de migrante indocumentada la ha expuesto a la discriminación, la falta de seguro medico y el constante sentimiento de estar en riesgo. “Los 11 millones de personas indocumentadas merecemos sentirnos seguras, merecemos la oportunidad de progresar, mantener a nuestras familias y vivir una vida feliz,” insistió Shepard. 

Pero la comunidad Latinx no es la única que se ha visto afectada por la falta de un camino a la ciudadanía. De acuerdo a Pew Charitable Trusts, en Filadelfia, los grupos más numerosos de migrantes vienen desde Asia. Jein Ryu, coreano y miembro de Woori Center es uno de ellos. Y al igual que Shepard expresó su miedo, el sentimiento de no pertenecer aquí y el dolor que causa el sistema de inmigración roto en el país. 

Para Ryu, la administración Biden-Harris no ha avanzado en la reforma migratoria y nada ha cambiado. Una situación que ha sido agravada por los ataques racistas hacia la comunidad Asiática durante la pandemia. “Como asiático-americano vivo con miedo constantemente, así como mi familia, amigos y miembros de la comunidad de ser deportados o de blanco de violencia ¡Ya basta!”, dijo el activista.

Como parte de un día de acción a nivel nacional, Woori Center pidió al senador estatal Robert Casey y a los legisladores Brendan Boyle, Madeleine Dean, Mary Gay Scanlon, Chrissy Houlahan y Susan Wild  que exijan un camino hacia la ciudadanía durante la reconciliación del presupuesto de la administración Biden-Harris. “Por primera vez en diez años tenemos un presidente, un senador líder de la mayoría y la presidenta de la Cámara Baja que son demócratas. El Congreso tiene la oportunidad única de aprobar una vía a la ciudadanía”, concluyó Ryu.

El 26 de julio, un grupo de 84 alcaldes, incluyendo Jim Kenney, enviaron una carta al presidente Biden, a la vicepresidenta Harris, y a los líderes demócratas en el Congreso, para incluir las provisiones de inmigración en el paquete presupuestal. La decisión aún no ha sido anunciada.

Nota del editor: ¡Presente! Media considera que la palabra "ilegal" deshumaniza a las personas migrantes, en su lugar optamos por utilizar "indocumentado".